No pudo ser mejor el momento. El Alcalde Petro acaba de sancionar el Acuerdo 096, aprobado por unanimidad en el Concejo Distrital, mediante el cual se crea el “Sistema de atención y reparación integral de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”. A pocos días de que se inicien en Noruega las conversaciones con las Farc y cuando el ELN ha manifestado su disposición para adelantar también un proceso de paz.


Pero este intento por buscar un arreglo negociado al conflicto trae una novedad. Por vez primera las víctimas, que se cuentan por millones, adquieren rostro en unas negociaciones de paz. Gobierno y Farc han acordado que este sea un punto en la agenda que se discutirá. Y seguramente será un asunto a debatir también con los elenos. Va quedando claro que no hay paz posible y duradera sin una definición de cómo tratar a las víctimas. Tratamiento que será el consenso social más difícil por construir en un proyecto de reconciliación nacional.

Quizás la ciudad se esté anticipando a ello. Como se anticipó el país cuando el Congreso expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Porque el Acuerdo 096 avanza en una definición de las víctimas que acoge la normatividad internacional en la materia. Establece unos lineamientos para la formulación de la política pública que debe expedir el gobierno distrital y que enfatiza en la reparación plena e integral de las víctimas. Ordena la creación de un sistema que articule todos los recursos financieros e institucionales de la nación y la ciudad para la atención y reparación de esta población. Le da estatus normativo al Comité Distrital de Justicia Transicional. Y establece que el 9 de abril de cada año, en celebración del Día de las Víctimas, en sesión plenaria del Concejo se haga una rendición de cuentas de la política pública respectiva.

Bogotá es la principal ciudad receptora de esa dolorosa amalgama de víctimas que produce a diario esta confrontación inútil. 370.000 personas cuentan los registros oficiales. Aunque las produce también a veces, en hechos terroristas como el atentado al exministro Fernando Londoño Hoyos o al Club El Nogal. Pero en todo caso, su distancia del teatro territorial de la guerra, le da la ocasión de ensayar los escenarios del posconflicto que alguna vez tendrá que construir la sociedad colombiana. Y la reparación de las víctimas constituye quizás el principal desafío para un posconflicto sostenible en el tiempo.

Por ahora, en cumplimiento de este Acuerdo, la Alta Consejería creada en buena hora por el Alcalde debe estructurar una política que haga asistencia social y humanitaria pero que promueva la restitución de los derechos de esta población. Que promueva y garantice su reparación material y simbólica. Que ayude a construir el justo medio entre el derecho a la paz y el reclamo de justicia. Que evite convertir la atención a las víctimas en una nueva e innecesaria polarización social y política. Y que más bien sea una invitación a la solidaridad.