En días pasados tuve la oportunidad de conocer un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) relacionado con la calificación de la gestión de gobierno de José Ernesto Martínez Tarquino 2007-2011.


El documento revela que entre los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Soacha ocupa el deshonroso 110 lugar en la Evaluación de Desempeño Integral de los Municipios, y el 671 lugar entre los 1113 municipios de todo el país. Como suele decirse en el argot deportivo, ocupamos los últimos lugares en el departamento y en el ámbito nacional estamos ocupando la mitad de la tabla.

La calificación, que comprende siete indicadores de gestión, que se miden y se evalúan periódica y sistemáticamente por este organismo de la planeación adscrito al gobierno nacional, son la eficacia, la eficiencia, los requisitos legales, la capacidad administrativa, fiscal, gestión e índice integral. Y si bien estos indicadores que por su naturaleza técnica y abstracta, son en su mayoría desconocidos para el ciudadano común y no le dicen nada, traducidos al lenguaje común significan que el gobierno que se creyó ser un gobierno de transición, de renovación y de cambio, terminó siendo menos que una frustración.

Distintos factores y circunstancias que de ningún modo pretenden justificar el fracaso de esa administración por los pobres resultados obtenidos y los escándalos de presunta corrupción del alcalde y otros integrantes su equipo de gobierno, están en la base de la explicación de una oportunidad histórica perdida para Soacha.

La ausencia de liderazgo político que caracterizo la administración de Martínez Tarquino “Soacha para Vivir Mejor”, la polarización entre las fuerzas políticas de la oposición y la frágil coalición de gobierno que se sello, se pego y se pagó con cargos y burocracia impuesta por poderosos intereses empresariales así como la insuficiente disposición de recursos fiscales y financieros para la inversión social y los bajos niveles de gestión administrativa junto las investigaciones disciplinarias, administrativas e incluso penales que tuvieron que afrontar varios de los funcionarios del gobierno pasado, constituyen el contexto de una administración que bajo diferentes formas y acciones, expreso desprecio por el talento humano de numerosos jóvenes profesionales raizales y adoptivos de Soacha, competentes y honestos.

El gobierno pasado, como todos los que lo han precedido, no solamente fue un fracaso sino una muestra inequívoca de ilegitimidad. El anterior gobierno, como todos los anteriores, que siempre son elegidos por menos de la mitad del censo electoral, para el sentido común, la lógica política y la democracia más simple, son gobiernos que han sido y serán siempre ilegítimos no solo política sino jurídica y socialmente.

Le corresponde entonces al actual gobierno entonces revertir sustancialmente esta situación a su favor en el año que se inicia y los tres que le quedan para demostrar que no esta equivocado como el gobierno anterior.