Las sanciones y medidas estrictas para castigar a quienes conduzcan en estado de embriaguez configuran uno de los debates más importantes por estos días en el Congreso de la República.


Sin embargo, el senador Carlos Ferro, miembro de la Comisión Accidental sobre Accidentalidad Vial, insiste en que la discusión debe ir más allá de “enviar o no a la cárcel a los conductores ebrios”.

Por lo anterior se refirió a la necesidad de incluir en el Proyecto de Ley que crearía la Agencia Nacional de Infraestructura, una serie de requisitos para que el Estado obligue a todos los concesionarios a incluir medidas de seguridad vial en cada uno de los proyectos de infraestructura que se desarrollen en adelante.

De igual forma, pidió al Ministerio de Educación y a las diferentes entidades adscritas al mismo a fomentar estrategias y actividades dentro de los procesos educativos que conlleven a los estudiantes a comprender la gravedad del tema, así como a respetar las normas de tránsito que rigen tanto para peatones como para conductores.

“De nada servirá seguir avanzando en el debate si los ciudadanos no interiorizan la urgencia de sancionar socialmente acciones como: conducir sin cinturón de seguridad, irrespetar las señales de tránsito, conducir con ‘pocos’ tragos, acelerar ante el cambio de un semáforo, entre otras conductas que hoy se aceptan”, señaló.

Respecto a las sanciones para los conductores en estado de embriaguez, Ferro concordó con lo hasta ahora expuesto por la ministra de Justicia Ruth Stella Correa, quien ha propuesto el decomiso de los vehículos de dichos infractores, por lo menos por un año, dependiendo del grado de alcoholemia.

“Son medidas administrativas y no precisamente la cárcel, las que necesitamos aplicar a todos los que infrinjan las normas, no solo los conductores borrachos, sino todo tipo de infracción. Mayor hacinamiento en las cárceles no necesariamente reducirá el número de muertos por accidentes de tránsito”, dijo.

Por último, recordó que actualmente la Cámara de Representantes discute el proyecto de Ley mediante el cual se crearía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo cual pidió celeridad y responsabilidad para entregar al país “una ley justa que responda íntegramente a todas las necesidades que hoy tenemos en materia de seguridad vial y sobre todo, sirva para reducir el número de víctimas en las carreteras y vías colombianas”.