Ha sido un dolor de cabeza para Petro. Y un encarte para todos los alcaldes que han lidiado con ella. La Veeduría Distrital es de aquellas instituciones que por no tener oficio claro y trascendente terminan haciendo parte del paisaje sin que nadie note su presencia. O su ausencia. Y su existencia tiene costos fiscales.


El primer escándalo que enfrentó el Alcalde fue precisamente por el intento fallido de nombrar como Veedor a Paul Bromberg. Y se ganó, por ahí derecho, un despiadado crítico. El exalcalde adujo que su curiosa renuncia sin haberse posesionado tenía motivaciones éticas. No estaba dispuesto a modificar el manual de funciones de la entidad con tal de facilitar el nombramiento como viceveedor de Augusto Rodríguez. Petro quería darle peso específico a la Veeduría en la lucha contra la corrupción con Bromberg al frente, pero aspiraba a contar con un hombre de su entera confianza al lado del polémico aliado. Ese impasse lo sorteó el Alcalde impecablemente. En su reemplazo puso nada menos que a Adriana Córdoba, quien fue conocida en el país al lado de un símbolo anticorrupción, su esposo Antanas Mockus.

Ahora vive otro impasse. Y todo por cuenta del trámite en el Concejo de Bogotá, hasta ahora exitoso, del Plan de Desarrollo. Petro había elevado el presupuesto de inversión de la Veeduría a 20.000 millones de pesos, mientras reducía a su mínima expresión los recursos para la Personería y la Contraloría. Finalmente corrigió el desafortunado mensaje de despreciar los organismos que por fuerza de la Constitución y la Ley tienen la competencia de vigilarlo y controlarlo. Y hasta de sancionar a sus funcionarios. Reconoció además que la Personería multiplicaría su oficio con las atribuciones que le otorga la Ley de Víctimas. Y les aumentó el presupuesto de inversión a 30.000 millones para cada una. Y como si volteara la torta, dejó sin plata a la Veeduría.

Ojalá el Alcalde se haya dado cuenta que el problema no está en las personas. Que Adriana Córdoba puede representar éticamente mucho. Que profesionalmente es una mujer destacada. Y que puede estar animada por las mejores de las intenciones. Pero que tiene en sus manos una entidad que no tiene dientes. No cuenta con poder sancionatorio. Ni tiene el peso para convocar a la institucionalidad pública de la ciudad a una cruzada contra la corrupción. Ese es un papel que cumple el Alcalde o sus funcionarios, como el Secretario de Salud por ejemplo, de manera directa y con mayor eficacia.

La Veeduría Distrital es una institución exótica, única en el país. Fue creada con el artículo 118 del Estatuto Orgánico de Bogotá en 1993. Y semejante invento nos cuesta en funcionamiento más de 10.000 millones anuales y más de 1200 millones en inversión. Y no fue capaz de prevenir el escándalo de corrupción más grave que haya vivido la ciudad en la historia reciente. Quizás Petro se quite un dolor de cabeza y desencarta la ciudad llevando al Concejo un proyecto para eliminar la Veeduría. Porque la verdad, sobra.