La juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías determinó que el proceso contra el expresidente debe continuar en la ley 906 de 2004, es decir, en el sistema penal acusatorio, por eso no otorgó libertad.

La juez  solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que revise su decisión y se pronuncie nuevamente.

La juez explicó que la ley 600 de 2000 conoce comportamientos delictivos previo al 1 de mayo de 2005, mientras que la ley 906 de 2004 debe conocer los delitos con posterioridad a esa fecha.

Lo anterior indica que  hasta que el alto tribunal no resuelva la competencia procesal no se podrá surtir audiencia en la que haya decisión sobre si revocan o mantienen privado de la libertad al expresidente.

Este vacío hizo que la diligencia quedara suspendida,  por lo que el exsenador deberá seguir privado de la libertad.