Un informe de la Auditoría General de la República reveló que 52 administraciones territoriales llevaron a cabo 1.500 operaciones que dejaron deudas por 11,8 billones de pesos, mediante el sistema de vigencias futuras.


La situación fue alertada hace unos meses por la Contraloría General, según la cual se estaban autorizando gastos con cargo a presupuestos futuros, sin el debido sustento legal, algo que sólo era permitido en casos excepcionales.

Si bien las vigencias futuras son un mecanismo para apalancar la financiación de grandes obras que requieren altas inversiones, el tema se le estaba saliendo de las manos al Estado.

El propio ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, reconoció que hubo prácticas indebidas con esa figura.

Un reciente fallo del Consejo de Estado también había declarado la ilegalidad de una ordenanza emitida en Casanare, autorizando vigencias futuras excepcionales más allá del periodo del Gobernador, lo que causó preocupación entre los mandatarios locales, pues el concepto aplica para todos.

La Federación de Municipios se pronunció argumentando el retraso de los Planes Departamentales de Agua en 800 municipios, que se financian con vigencias futuras, por lo que pidió la urgencia de una normatividad.

Ahora, el Gobierno tiene ya un proyecto de ley que se tramita en el Congreso, al cual sólo le queda el debate en plenarias de Senado y Cámara.

“El proyecto busca sacar las vigencias futuras del limbo en el que quedaron -luego de la advertencia de la Contraloría- y crear mecanismos para evitar que se usen como una modalidad de deuda”, dijo Echeverry.

Pero el ‘festín’ que se hizo con esta figura ya no tiene reversa.

Según el informe de la Auditoría, si bien los compromisos presupuestales a futuro sólo se pueden hacer para financiar proyectos de alto impacto y para las garantías a las concesiones, se utilizaron para todo.

Tomado de: http://www.portafolio.co/economia/varios-mandatarios-entraran-empenados-el-2034