Verificación de coherencia a la propuesta de reforma de ley de servicios públicos que plantea el gobierno de Gustavo Petro

Por: Luis Alfonso Agudelo Ibañez, vocal de desarrollo y control social servicios públicos domiciliarios. Res. 0735 de 2024

Quiero presentar este resumen en el marco de mi participación en la Asamblea Energética propuesta por el Ministerio de Minas y Energía en el municipio de Soacha. Es importante mencionar que este análisis sintetiza aspectos profundos que abren la puerta a múltiples debates, los cuales deben ser resueltos en espacios amplios de participación técnica.

En estos espacios no solo debe estar presente un sector de la política en Colombia, como sucedió con la asamblea en Soacha, sino que es fundamental que participen empresas, entes territoriales, entes de control, reguladores y, por supuesto, los usuarios.

El tema principal de este escrito es la apuesta del gobierno nacional por las comunidades y los territorios energéticos y la reforma a la ley de los servicios públicos. Debemos ser claros: el discurso del gobierno de Gustavo Petro ha resaltado constantemente el papel de las comunidades energéticas como «clave para democratizar las energías renovables (…) promoviendo un modelo más justo y sostenible». Este es un criterio que vale la pena destacar si lo vemos desde el concepto teórico de la sostenibilidad ambiental, social, económica y política.

Primera verificación de coherencia

Es crucial observar con detenimiento los borradores de la reforma a la Ley 142 de Servicios Públicos como los publicados en Portafolio y Valoraanalitika respectivamente bajo los títulos “Reforma de servicios públicos plantearía la regulación directa por parte del Presidente” y  “Ley 142 de Servicios Públicos en Colombia: ¿qué mejorar y qué mantener?”, ambos difundidos en febrero y julio de 2024, para determinar si, las acciones de este gobierno son coherentes y corresponden con el propósito de sostenibilidad y cambio de modelo que plantean. Nuestra radiografía inicial plantea: Lo conocido hasta el momento cumple un papel importante en la vigilancia, el control, la protección y podríamos hablar de conservación de la integridad del modelo actual de los servicios públicos, contrario a resolver los problemas que hoy aquejan a los usuarios y tiene al sector en crisis.

Segunda verificación de coherencia

A pesar de haber participado en algunas reuniones promovidas por los organizadores de la Asamblea Energética, del Ministerio de Minas y Energía, nunca tuvimos la oportunidad de conocer, plantear o debatir estos asuntos previamente. Por esta razón, asumí mi rol de investigador antes de asistir al evento y escuché a varios portavoces, entre ellos, el asesor del despacho del Ministerio de Minas y Energía, Yeison Gerardo Sua Cajamarca; en el que de sus intervenciones destaco dos temas que ha mencionado reiteradamente:

1. Las excesivas utilidades que obtiene el sector privado en la prestación de los servicios públicos, algo que hemos podido demostrar con cifras.
2. El modelo neoliberal, que ha sido el causante de la crisis en la prestación de los servicios públicos, debilitando la calidad de vida de la población al ser contrario al bienestar social.

Después de estudiar el tema, leer las propuestas de modificación hasta hoy planteadas y escuchar a diversos sectores como la CREG, la Superservicios, las empresas, los entes territoriales, los usuarios y el gobierno nacional, puedo afirmar que no veo cómo esta reforma de la ley planteada por el gobierno nacional, resolverá estos dos problemas en particular mencionados por el asesor Sua Cajamarca; clarísimo el diagnóstico, pero la solución no es coherente.

En este punto, quiero destacar algo clave: me preocupa la desinformación. Primero, porque perjudica a todos; segundo, porque impide abrir espacios de debate rigurosos y juiciosos. Un ejemplo de esto es ver a la comunidad oficialista celebrar la inauguración del parque solar más grande de Colombia, La Loma, en el departamento del Cesar, proyecto de ENEL con una capacidad instalada de 187 megavatios, como si fuera un logro estratégico de este gobierno.

Este proyecto es, sin duda, un avance importante en la generación de energía limpia, un objetivo global indispensable, pero es fundamental aclarar que fue iniciado antes de la pandemia, cuando Gustavo Petro aún no era presidente y que no representa un cambio en el modelo que impacte positivamente el bienestar social ni la calidad de vida de los usuarios, quienes siguen pagando tarifas elevadísimas, lo que demuestra una seria contradicción con el propósito estratégico de la nación.

Tercera verificación de coherencia

La reforma de la Ley 142 requiere una amplia discusión de todos los sectores, pero sobre todo, necesita un proceso organizado que beneficie a la gente, por encima de fortalecer los discursos del gobierno nacional como los mencionados anteriormente, pues la propuesta presentada y conocida hasta el momento, no solo no se ajusta a las necesidades de transformación del modelo, más si agrava otras consideraciones importantes como las siguientes:

1. Trasladar la responsabilidad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos a las contralorías territoriales, lo cual implica una carga fiscal para los usuarios vía factura y un despropósito con las funciones de la entidad fiscal y vigilante nacional.
2. Descargar las responsabilidades del gobierno nacional, en cuanto a la necesidad de que los servicios públicos sean un sector estratégico para mejorar la calidad de vida de la gente, dejando esta tarea a los entes territoriales y las comunidades vía crédito, sin ofrecer los recursos necesarios para sostener el modelo energético propuesto por Gustavo Petro. Esta situación no parece tener otro destino más que la concesión a la inversión público-privada, como siempre sucede.

En conclusión, el modelo neoliberal que se busca combatir, en realidad, terminará replicado con la actual propuesta de Petro, que hasta el momento no se ha querido discutir, ni poner sobre la mesa en las asambleas energéticas.

Última verificación de coherencia

Para finalizar, me gustaría proponer una tarea en dos puntos a todos los lectores de este documento, con el fin de aportar a la discusión:

1. Revisemos los artículos 70, 108, 272 y 309 de la Ley 2294 del 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida».
2. Analicemos si las condiciones planteadas en dichos artículos, especialmente en cuanto a la focalización de subsidios y la implementación de la medición avanzada, realmente favorecen a la población o, por el contrario, refuerzan el modelo neoliberal.

Al hablar de sostenibilidad en el modelo energético del país, debemos hacerlo considerando las condiciones sociales, ambientales, económicas y políticas actuales, algo que no está ocurriendo con la propuesta hasta el momento conocida. El modelo actual está en crisis, así esta situación se hubiese negado durante el Primer Foro de Servicios Públicos realizado en Corferias, en Bogotá, por las múltiples voces invitadas por el gobierno nacional.

Foto: Lucho Agudelo

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