¿Y de las firmas qué?

No se necesita ser adivino para saberlo. Sin la indignación ciudadana la pretendida reforma a la Justicia hoy haría parte de la Constitución. Y sin la amenaza de un referendo revocatorio el Gobierno no se habría dado por enterado del esperpento. O no habría dimensionado su gravedad, ni se hubiese decidido a hundirlo en el Congreso en las sesiones extras que convocó. El daño estaría hecho y sería muchísimo peor que el golpe de ilegitimidad recibido por todo nuestro sistema político por cuenta de la fallida reforma.


Aplaudible la maratónica recolección de firmas para convocar el referendo derogatorio del Acto Legislativo de marras. Pero como el paraíso no existe, aquí también hubo de todo. Saltaron voces pidiendo la revocatoria inmediata del Congreso. Porque han dicho que semejante despropósito merece un castigo y la revocatoria del mandato es siempre presentado como una buena cuenta de cobro. Y se abriga la ilusión que una nueva elección del Parlamento traería su inmediata renovación. Otros más avezados, desde las dos orillas del espectro político han pensado que por fin llegó el colapso del Estado, que es hora de “refundar la patria” y que una Constituyente sería el escenario adecuado. Coincidieron en que no basta con derogar la malograda reforma a la Justicia, como lo dijo elocuentemente el parlamentario Miguel Gómez: “hay que derogar la Constitución del 91”.

Dirán que en tiempos de crisis una Constituyente no se le niega a nadie. Solo que esa pretensión no es nueva. Cuentan que Marulanda, el legendario jefe de las Farc, en los momentos de descanso en la zona del Caguán repetía a los voceros gubernamentales que “el establecimiento colombiano” le debía una Constituyente. Y hace unos cuantos meses, el pasado 12 de febrero, desde la clandestinidad Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de Paz del gobierno Uribe, en su “Decálogo político para retomar el rumbo” dio línea pidiendo una Constituyente que debería “abordar, entre otros temas, una reforma a la Justicia para dar garantías legales a los miembros de la fuerza pública y acabar con el carrusel de pensiones y la corrupción en tribunales y cortes”. Decálogo en el que no ahorró palabras para reclamar el retorno al poder del uribismo en cabeza del mismísimo Uribe.

Por eso el entierro de la reforma fue el camino más sensato. Porque semejante explosión de iniciativas alrededor de la recolección de firmas produjo una sensación de incertidumbre. Y era inocultable el olor a oportunismo que merodeaba a la genuina indignación ciudadana. Ahora tendremos la ocasión de renovar, hasta donde la sociedad quiera, este Congreso que elegimos en el 2010, adelantando la fecha o cumpliendo el calendario electoral. Y quizás una Constituyente nos haga falta, pero sin el Gobierno y sin proceso de paz a la vista estaríamos en presencia de un verdadero golpe de Estado.

Quedaron las firmas recolectadas. Y cursan demandas contra la forma como se hundió la reforma. Ojalá no reviva. Y ojalá que esas firmas, si revive el esperpento por cuenta de una desafortunada sentencia, solo sirvan para derogarla definitivamente.

@AntonioSanguino

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp