La ley -que pasa a conciliación- busca crear el ‘sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar’.


Esta ley obligará a crear comités de convivencia escolar en todos los niveles (nacional, regional e instituciones educativas), una ruta de atención integral para la convivencia escolar y el sistema de información unificado de convivencia escolar, además de ordenar la aplicación efectiva de los manuales de convivencia.

El comité nacional de convivencia escolar estará conformado, entre otros, por los ministerios de Educación, Cultura, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Salud y Protección Social, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y las dos instituciones educativas -una pública y una privada- con los mayores puntajes en las pruebas Saber 11 del año inmediatamente anterior.

A nivel territorial se crearán comités departamentales, municipales y distritales de convivencia escolar. Y en los colegios se integrará un comité de convivencia en cada establecimiento educativo.
Para los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, la norma ordena crear una ‘ruta de atención integral para la convivencia escolar’, que definirá los procesos y protocolos a seguir por parte de las entidades e instituciones que conforman el sistema nacional de convivencia escolar.

«El colegio, a través del comité de convivencia, debe ser la primera instancia para resolver una situación en la que a un niño se le han vulnerado sus derechos o ha sido agredido. Las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y que requieran de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas según corresponda, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o la Policía de Infancia y Adolescencia. Por eso, se crea toda una ruta de atención integral al afectado y a su familia», explicó la Ministra de Educación, María Fernanda Campo.

A su vez, se crea un ‘sistema de información unificado’ con el que se identificarán, registrarán y seguirán los casos de violencia escolar, acoso y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes. Esa información servirá de base para la toma de decisiones y la reorientación de estrategias y programas que fomenten un adecuado clima escolar.

Asimismo, los manuales de convivencia deberán identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. «Con el fortalecimiento de los manuales buscamos que tanto padres como docentes y estudiantes aprendan a analizar las diferentes situaciones y a resolver los conflictos de manera pacífica», puntualizó la Ministra.

Alianzas estratégicas

La norma también permitirá a las Secretarías de Educación e instituciones de educación superior hacer alianzas estratégicas para que los estudiantes de último semestre de psicología, psiquiatría y trabajo social, entre otros programas, realicen acompañamiento a los colegios públicos como parte sus prácticas profesionales. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, será el encargado de definir los lineamientos normativos, operativos y financieros que regulen dichas alianzas.

La ley -presentada por el Ministerio y los congresistas Simón Gaviria, Telésforo Pedraza y Juana Carolina Londoño- fue aprobada este jueves en último debate y ahora pasa a conciliación de Senado y Cámara.
FIN/OAC.