Cumplida la audiencia pública, a cargo del Consejo Nacional Electoral, quedó evidente que el principal argumento para la revocatoria del alcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga, es la insatisfacción general de la ciudadanía.  

Siendo las 2 :30 p.m. del lunes 25 de abril, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a la audiencia pública de revocatoria del mandato del alcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga, evento que estuvo presidido por el magistrado José Nelson Polania Tamayo, como moderador, y que contó con el acompañamiento de la registradora especial de Soacha, Ivonne Marcela Herrera, en calidad de secretaria técnica; el apoderado del alcalde de Soacha, Luis Enrique Rojas; el vocero de la revocatoria del mandato, Richard Andrey Carrillo, y el asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la Procuraduría General de la Nación, Daniel Fernando Espinosa,  como representante del Ministerio Público.

Durante el desarrollo de la audiencia, inicialmente se contó con la participación del vocero de la revocatoria, Richard Andrey Carillo, quien manifestó como una de las motivaciones esenciales de esta iniciativa, la insatisfacción general de la ciudadanía en lo referente al avalúo y la actualización catastral, y el alza del impuesto predial en Soacha, manifestando que se han recolectado pruebas obtenidas de la comunidad sobre las irregularidades en el proceso, a la vez que se han radicado derechos de petición y realizado cerca de 40 protestas, sin lograr que al alcalde Juan Carlos Saldarriaga se dirija a dialogar con ellos.

De este modo, el vocero promotor cuestionó la falta de disponibilidad del mandatario para escuchar las inconformidades de los ciudadanos, argumentando un silencio administrativo frente a los derechos de petición, tutelas, recursos de reposición y las diversas formas en las que, según él, han intentado en vano dialogar con la administración.

Igualmente, Carrillo cuestionó las obras de pavimentación que desde su administración se han venido realizando, aduciendo show y mala calidad, al tiempo que expresó su preocupación por el posible endeudamiento al que el alcalde estaría exponiendo a la ciudad, debido a la inversión inadecuada de los recursos, ya que, según el comité, no se estarían priorizando las necesidades de los soachunos.

 Finalmente, el vocero manifestó descontento debido a la incapacidad moral permanente del alcalde al considerar que los procesos investigativos y actos polémicos en los que se ha visto involucrado, reducen sus facultades.

Por su parte, el apoderado del alcalde, Luis Enrique Rojas, deslegitimó el proceso de revocatoria, afirmando que esta iniciativa desconoce las causales propias de la misma, ya que, según lo expuso, para que haya una revocatoria se debe evidenciar un desconocimiento e incumplimiento al programa de gobierno presentado cuando se inscribió como candidato a la alcaldía. “La revocatoria tiene como finalidad que cuando se desconoce el programa, el pueblo ahí sí de manera válida puede acudir a los mecanismos de participación ciudadana, es decir, el requisito es cotejar el plan de gobierno, y si están todos los elementos probatorios, se puede proceder”, dijo.

Del mismo modo, afirmó que este mecanismo no procede por inconformidades; la causal es el incumplimiento al programa de gobierno y de existir un inconformismo general, este debe proceder del incumplimiento al programa de gobierno.

Según el apoderado, lo que se ha observado con este proceso de revocatoria de mandato es que ha sido un mecanismo que tiene las características de ser utilizado por los opositores para campañas políticas, asegurando que lo expresado por el vocero es impreciso y carece de todo soporte.

 En suma, Rojas expuso que no se tienen argumentos válidos ni ciertos que se puedan contraargumentar y que no hay manera de defenderse de lo que estima una serie de consideraciones y de posiciones ideológicas. Asimismo, mencionó que dicho mecanismo debe usarse con responsabilidad y de acuerdo a lo determinado la Corte Constitucional, y que lo único que el comité promotor busca es crear zozobra e inestabilidad, logrando obstaculizar la gobernabilidad. “Afirmar no es probar, no compartir las ideas del alcalde, ¿qué tiene que ver con el programa de gobierno? La revocatoria debe basarse en pruebas, y en el incumplimiento del programa, y no el inconformismo de cierto sector”, puntualizó.

Terminada la audiencia, Wilfredo Forero, abogado del comité promotor, aseguró que de no tener piso jurídico, la Registraduría no hubiese aprobado dicha iniciativa, que el apoderado desconoce los alcances que tiene la revocatoria, pues ellos no están hablando del incumplimiento del programa de gobierno del alcalde, sino de la insatisfacción general de la ciudadanía, que es una de las causales para revocar un mandato,  y que continuarán trabajando en la recolección de las firmas en todo el municipio.

Por Sary Tovar Foto: Facebook Juan Carlos Saldarriaga