Estudiantes sordos de Soacha y Cundinamarca no tienen docentes

Según el Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación (Simat), cerca de 200 alumnos de Zipaquirá, Soacha, Mosquera, Girardot, Fusagasugá, Chía y Sesquilé, que tienen discapacidad auditiva, no cuentan con docentes apropiados y por ende es poco lo que entienden en clase.


Aunque las clases en colegios públicos empezaron hace un mes en todo el país, los más de 5.000 alumnos sordos que estudian en municipios no capitales (200 de los cuales están en Cundinamarca) todavía no tienen docentes e intérpretes que les permitan entender los contenidos. ¿La razón? Las alcaldías no contrataron el personal de apoyo antes de que comenzara el año escolar porque el Ministerio de Educación no había desembolsado el dinero para las poblaciones con discapacidad.

Los recursos llegaron a las regiones cuando los niños ya llevaban dos semanas de clase y, mientras se desarrolla la contratación, podrían pasar un mes más sin intérpretes. Por eso, el Instituto Nacional de Sordos (Insor) ha recibido unas 300 quejas de padres de familia y profesores preocupados por la calidad de la formación de los niños.

“Muchos estudiantes llegan al colegio, pero se aburren cuando no entienden nada. Se van y es muy difícil que regresen a clase”, explica Marcela Cubides, directora de Insor, quien agrega que esta situación se repite año tras año.

En Cundinamarca afecta a casi 200 alumnos en Zipaquirá, Soacha, Mosquera, Girardot, Fusagasugá, Chía y Sesquilé, de acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio (Simat). Como ejemplo se toma el caso de dos estudiantes del Instituto Educativo Carlos Abondano González, en Sesquilé. Una tiene diez años y cursa quinto de primaria. La otra tiene 19 y cursa noveno. En este colegio no hay intérpretes para ellas, ni piensan contratarlos este año, ya que hacerlo cuesta entre $860.000 y $1 millón mensuales y, según la rectora, Marlén Martínez, no cuentan con los recursos para hacerlo. Como ni las estudiantes ni los profesores conocen el idioma de señas, les toca hacerse entender por otros medios.

La Secretaría de Educación de Sesquilé recibe los fondos que entrega el ministerio para los estudiantes con discapacidad. Con ese dinero financia un centro de vida donde niños y adultos con cualquier discapacidad reciben atención. Los recursos, sin embargo, sólo alcanzan para que el intérpete acompañe a las niñas un día a la semana.

Alumnas como ellas, además de lidiar con dificultades en su aprendizaje, deben crecer en familias que, en el 90% de los casos, no saben el lenguaje de señas. Según cifras del Insor, en la mayoría de los casos la discapacidad se detecta a los cinco o seis años y los niños entran al colegio a los ocho o nueve años, perdiendo un valioso tiempo de aprendizaje. “En exámenes como Saber 11 obtienen resultados muy por debajo del promedio. Esto no debería ser así porque no tienen ninguna discapacidad cognitiva”.

El problema es más complejo en los municipios no capitales. En las ciudades grandes hay más estudiantes y se pueden abrir colegios especializados, pero en las regiones se utilizan centros educativos de inclusión, donde todos los estudiantes asisten a las mismas clases y quienes sufren discapacidad auditiva cuentan, o deberían contar, con un intérprete mientras están en el salón, así como con personal de apoyo para terapias y asistencia académica. “No es lo ideal, porque los procesos de aprendizaje para alguien sin la capacidad de escuchar son muy diferentes, pero así por lo menos garantizamos su derecho a la educación”, explica Cubides, directora de Insor.

Los percances, admite Víctor Saavedra, viceministro de Educación, llevan a que un gran número de alumnos con discapacidad auditiva lleguen al preescolar y a la básica primaria sin dominar una primera lengua. Esto impacta directamente el desarrollo de su potencial físico y mental.

Para que esto cambie es primordial que los niños con discapacidad auditiva aprendan el lenguaje de señas antes de los cinco años. Cubides pide que se busquen mecanismos para reunir a los estudiantes con discapacidades en unos pocos colegios, con el fin de ofrecerles mejores alternativas de aprendizaje.

A corto plazo, sugiere que este año las secretarías de Educación contraten a los profesores entre este febrero, que ya va a terminar, y marzo de 2017. Así darían un margen y el próximo año los niños, por lo menos, tendrían los intérpretes asegurados.

Fuente: elespectador.com

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