Que lo juzgue la historia

Posted on 5 de marzo de 2012 by Periodismo Público

Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en el 2002, la mayoría de la opinión pública nacional estaba de acuerdo en que un trato duro a la guerrilla de las FARC era conveniente, después del malogrado proceso de paz en San Vicente del Caguán (Uribe fue el único candidato que propuso la salida militar, por eso ganó). La situación externa también le favorecía a Uribe, la tesis de la “Guerra Preventiva” impuesta por Estados Unidos para contrarrestar la nueva amenaza conocida como terrorismo internacional, luego de los atentados del 11 de septiembre, fue el mayor justificante para lo que tiempo más tarde se denominó “Seguridad Democrática”. En resumen: las condiciones internas y externas favorecían a Uribe y a su proyecto militarista.

De las cosas que más resalta el uribismo, es que para 2002 Colombia era considerado un Estado fallido, según la definición de la académica Patricia Moncada, se considera Estado Fallido a: “La pérdida del Monopolio de la fuerza y la autoridad legítima en amplias zonas del territorio, (…) obediencia de la población hacia actores no estatales o señores de la guerra; la administración de justicia es ineficiente, parcial y privilegiada para un sector dominante, en áreas donde el Estado tiene una influencia más o menos destacada: la justicia es limitada en calidad y cantidad” .

El gobierno de Uribe finalizó en 2010, en su balance como mandatario ha dicho una y mil veces que el Estado colombiano ya no es fallido. Su defensa se ha basado en el repliegue de la guerrilla (que no está derrotada y sigue dando de qué hablar); en decir que Colombia ya no es el mayor productor de Coca en el mundo (pero existen más cultivos ilícitos que hace 20 años); que los grupos paramilitares se desmovilizaron (existen las Bacrim); que la fuerza pública ocupa la totalidad del territorio (violando Derechos Humanos, falsos positivos para el caso de Suacha); que el desempleo bajó (aumentó alarmantemente la informalidad y la precarización laboral)… en fin.

Sobre la justicia, el uribismo planteó que en 8 años se le dieron muchos más recursos, que aumentó el número de fiscales; que los tribunales fueron realmente independientes y ágiles, debido a la implementación del Sistema Penal Acusatorio; que las altas Cortes eran autónomas y el ejecutivo nunca presionó para un fallo satisfactorio.

Sobre esto último, los choques entre Uribe y el poder judicial son de vieja data, dejando ver su rostro cínico y autoritario, repudió las condenas por las masacres de Jamundí, condenó el fallo a Plazas Vega, atacó el hecho que le truncaran su proyecto de re-elección. Pero aplaudió cuando inhabilitaron a Piedad Córdoba, apoyó a la justicia en el momento que se pedía abrir investigaciones por la masacre de Mapiripán: ¡un total cínico! Por otra parte, intentó politizar los fallos de la justicia llevándolos siempre a su lucha contra-insurgente; en algún concejo comunitario habló de disolver las Cortes, al mejor estilo de Hitler y Fujimori, que aprovecharon su popularidad para violar las reglas del juego democrático y así perpetuarse en el poder, asesorados por aparatos criminales afines de la extrema derecha; y la reforma a la justicia que siempre planteó buscaba hacer del Judicial un apéndice del Ejecutivo. Evidentemente un autoritario.

Hoy, en sus días de ex-Presidente, sigue rebatiendo los fallos de la justicia, impulsa a sus asesores (María del pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo) para que huyan a otros países y no atiendan los llamados de la justicia. ¿Al fin qué Uribe? ¿La justicia colombiana no da garantías? Si es así, entonces la Seguridad Democrática fue un gran engaño al pueblo colombiano, y seguimos en un Estado Fallido. Y si no es así, Uribe se comporta como un criminal que teme a ser descubierto.

La actitud de Álvaro Uribe desgasta, aún más, la frágil institucionalidad colombiana. Pero no son sólo sus declaraciones, también lo fueron sus actos de gobierno. Un jefe de Estado que sobrepasó los límites de la ley, que desconoce la justicia, debe ser juzgado por el pueblo que ingenuamente lo eligió y que padecerá, en un tiempo no muy lejano, los efectos de su nefasto paso por la Casa de Nariño. La condena del pueblo es importante en la medida que sujetos que concentraron en sus manos gran parte del poder público, paguen en ante la historia sus excesos. Los autócratas y autoritarios temen al hecho de ser señalados por el dedo inefable de la historia.