Represión en Boyacá: la perpetuidad de la violencia

Posted on 30 de agosto de 2013 by Periodismo Público

«…se volverán a repartir todo entre los curas, los gringos y los ricos, y nada para los pobres, por supuesto, porque ésos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo» García Márquez. El otoño del patriarca

Desde hace mucho los gobiernos colombianos se han preciado de una tradición “civilista”, pues, se ha argumentado, mientras a lo largo y ancho de América Latina han desfilado toda serie de regímenes militares desde mediados del siglo XX, Colombia solo ha conocido una dictadura, la del general Rojas Pinilla, y que difícilmente podría compararse en todo sentido a las del cono sur o las centroamericanas. En cambio, nuestro país ha vivido una violencia continua desde mediados del siglo XIX que no ha parado hasta la actualidad, con recrudecimientos perversos como el de la Violencia de los años 50, que ni el descarado Frente Nacional pudo frenar con eficacia, y la guerra sucia de finales de los 80 y comienzos de los 90, en la que el paramilitarismo hizo gala como arma irregular de contrainsurgencia y del narcotráfico.

La violencia ha sido una constante en la historia de Colombia, y no creo que sea algo genético, como se atreven a afirmarlo algunos desencantados (no sin razones de peso para ello), sino una especie de tara social, el producto de las relaciones de poder que se han perpetuado desde la misma Independencia de estos territorios. Y, precisamente, es un problema de quienes están en el poder y de quienes se quedan con las tierras. Por más de un siglo, liberales y conservadores lucharon a sangre y fuego por hacerse al poder, hasta que algún avivato proponía la “Unidad Nacional” que repartía el ponqué gubernamental entre los dos partidos. Por supuesto, nadie habla con la boca llena, pero cuando la farsa deja entrever su rostro, vuelve a tensionarse la relación entre los dirigentes de uno y otro bando y las bases populares se matan cruelmente.

¿Qué ha hecho el Estado para frenar esta situación? Parece que aquel famoso aforismo samperiano de que “todo fue a mis espaldas” está incrustado cuidadosamente en el ejecutivo de este país. ¿Qué pasó en la masacre de las bananeras auspiciada por Abadía Méndez en el 28? ¿Y qué con la denuncia de Laureano Gómez de la violencia liberal en la presidencia de Santos (de Eduardo, por supuesto…)? ¿No siguió un baño de sangre a las amenazas del mismo Gómez ante el régimen liberal de López? ¿No azotaron los chulavitas toda la región de Boyacá en los 40 y los 50? ¿Y qué decir de la bandada de pájaros liderada por el Cóndor en Tuluá? Sumemos a esto algo más actual, como el férreo estatuto de seguridad de Turbay y la tolerancia militar a los paramilitares en el Magdalena medio a finales de los 80 (y por seguridad ahí paro…), ¿no ha sido Colombia un país represor y autoritario en los mismos gobiernos civiles? ¿No ha sido la violencia, regular e irregular, el arma predilecta frente a la oposición política y la protesta?

En las últimas semanas ha reaparecido visiblemente la represión. Ante el paro campesino en Boyacá las autoridades han respondido de la única forma en la que han sabido actuar desde hace años: la pacificación autoritaria. Los campesinos se han visto afectados por políticas desfavorables a sus intereses. Como lo había afirmado en el senado el pasado 7 de mayo el representante de los papicultores, César Pachón, el mercado colombiano les es adverso pues la producción de alimentos se ve perjudicada por lo costoso de los insumos en el país, que en países vecinos es mucho más económico. Por otro lado, ante semejantes condiciones la importación de productos agrícolas afecta a los productores que no pueden competir con precios extranjeros.

Pero no es todo. Lo más grave del asunto es la penalización de la producción, comercialización y almacenamiento “gratuito” de semillas por parte de cualquier persona natural y jurídica que establece el ICA en la resolución 970 de 2010. El artículo 13 establece como “prohibiciones” en su numeral 2: “Ejercer actividades de producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, transferencia a título gratuito y/o uso de semillas por quienes teniendo registro para tales fines en el ICA los ejerzan sobre cultivadores no autorizados”; en el numeral 5: “Almacenar, acondicionar, producir comercial, transferir a título gratuito y/o usar semilla de cultivadores y/o lotes distintos a los autorizados y/o en categorías diferentes a las establecidas, sin autorización del ICA”, entre otros que podrían citarse, y todo en defensa del “obtentor”, quien interviene las semillas (pero, ¿quién defiende al agricultor…?). ¿Qué ha generado esto? Atropellos por parte de la fuerza pública a los campesinos en distintas zonas del país, así como la incautación de toneladas de alimentos y vilmente sepultadas en basureros como lo denuncia Victoria Solano en su “Documental 9.70”.

En este contexto, queremos repetir algunas palabras de Deleuze y Guattari: «Lo sorprendente no es que la gente robe, o que haga huelgas; lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportamos desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no sólo para los demás, sino, también, para nosotros mismos?». La reacción campesina está más que justificada, y es sobre todo legítima, pues se lucha en contra de algo que es abiertamente injusto. Quizá a los gobernantes de este país les haría bien leer un poco más sobre lo que sería una democracia digna, y un régimen que verdaderamente merezca llevar ese nombre (recuerden que la desobediencia civil es legítima frente a la injusticia en un régimen plenamente democrático, según John Rawls), ¿o para qué tanta insistencia en mostrar que vivimos en un país democrático si la práctica contradice los discursos, si el derecho cede el paso al autoritarismo? ¿Es ignorancia o una farsa que ya no puede ocultarse más?

Es cierto que la violencia no puede justificarse, sobre todo si es de importancia capital para Colombia cambiar de rumbo histórico, pero, ¿qué espera un Estado represor que no apoya a sus ciudadanos, y en cambio se arrodilla ante las multinacionales? ¿Cómo espera que la gente esté tranquila cuando a la demanda pacífica y justa se responde con la mayor violencia?

Volvamos a Boyacá. El “Primer informe Misión de verificación de situación de derechos humanos en Boyacá” es enfático en denunciar los abusos del ESMAD contra la población. Allí se lee, por ejemplo: “A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La Vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población”. Los hechos que ponen a la luz pública son, entre otros:

“Disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población (…)

Heridos con arma blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD.

Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales (…)

Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa el cuerpo de los pobladores.

Ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios.

¿Cómo estar tranquilos e indiferentes cuando el Estado está actuando brutalmente en el campo y en la ciudad? La respuesta oficial siempre ha sido la criminalización de la protesta, buscar enemigos internos y tratar de convencer a la gente, por medio de los medios de comunicación, que todo está bien y que todo es cuestión de minorías indeseables enemigas de la democracia. ¿Estamos acaso ante una vuelta a la época de la Violencia? ¿Acaso han retornado los chulavitas a Boyacá o quizá nunca se han ido? Esperemos que al gobierno colombiano no le dé por volver a la irregularidad de las “limpiezas” que tanto daño le han hecho al pueblo, que ha sido víctima (y muchas veces también victimario) de los más ignominiosos desastres sociales a través de la historia.

Enlaces imperdibles:

http://www.ica.gov.co/getattachment/03750a73-db84-4f33-9568-6e0bad0a507d/200R970.aspx

http://www.colectivodeabogados.org/Primer-informe-Mision-de