Se cayó el proyecto de seguro de desempleo
La propuesta del Gobierno de congelar obligatoriamente la mitad de las cesantías para ser utilizadas cuando el trabajador pierda su trabajo, se cayó en el Congreso.
El proyecto de ley presentado por el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, que se conoció inicialmente como seguro de desempleo y posteriormente como protección al cesante, tuvo un cambio sustancial tanto en la ponencia para la plenaria del Senado como en el desarrollo de esta.
Los reparos de los trabajadores y las objeciones de expertos, entre otros factores, hicieron mella en el ánimo de los parlamentarios. “La iniciativa no tuvo ambiente en el Congreso y se descartó esa parte”, dijo el senador Mauricio Lizcano, autor de un proyecto similar y que se acumuló con el presentado por el Gobierno.
En consecuencia, no será obligatorio destinar ningún porcentaje de las cesantías al mecanismo de ahorro planteado por el Gobierno. Su manejo y uso continuarán como han venido funcionando hasta ahora: si así lo dispone el trabajador, podrán utilizarse para la compra y/o mejoramiento de vivienda y para el pago de educación superior de los miembros del hogar.
Esa decisión, sin duda, será bien recibida por las centrales obreras y los trabajadores, que se habían opuesto a la iniciativa mencionada ya que consideraban que desaparecía la posibilidad de tener una vivienda propia o ingresar a una institución universitaria, técnica o tecnológica, pues esos recursos les ayudan a financiarse.
Para el Gobierno y estudiosos del tema, miles de millones de pesos de cesantías son utilizados por lo trabajadores para pagos vacacionales, vehículos, etc., desvirtuando su función de proveerles recursos cuando queden desempleados.
Sin embargo, y dentro de la idea de proteger al trabajador cesante, la plenaria de la corporación aprobó que los asalariados que se queden sin empleo recibirán temporalmente un subsidio para que puedan pagar sus aportes a pensiones, a salud y la afiliación a las cajas de compensación, que se calcularán sobre un salario mínimo.
Ese apoyo estatal se otorgará por un máximo de seis meses, señaló Lizcano, quien, al igual que el ministro Rafael Pardo, agregó que su financiación se originará en el redireccionamiento de recursos del Fondo de Fomento al Empleo y la Protección al Desempleado (Fonede) que administran las cajas de compensación, que anualmente suman aproximadamente 210.000 millones de pesos.
El proyecto, que ahora pasará a la comisión Séptima de la Cámara para tercer debate, mantuvo el fortalecimiento del servicio público de empleo, el reentrenamiento para aquellos trabajadores que no se puedan enganchar laboralmente y la creación de un mecanismo voluntario de ahorro de un porcentaje de las cesantías.
Fuente: portafolio.co
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