Sigue batalla para evitar explotación minera en vereda San Jorge de Soacha

En contra de los intereses de la multinacional Trenaco, de la arbitraria decisión del Ministerio del Medio Ambiente al realinderar la cuenca alta del río Bogotá y dejar vía libre para que la vereda San Jorge se convierta en zona de explotación minera y de la falta de autoridad por parte de la Car, campesinos y organizaciones continúan la batalla para evitar que se devaste parte de la zona de páramo del corregimiento uno.


A pesar de la importancia que el suelo de la vereda San Jorge representa para sus habitantes y el bien común del municipio, el 7 de Julio de 2009, Ingeominas (hoy Agencia Nacional Minera), otorgó el título minero IFF-08081 por un lapso de 30 años a la multinacional Trenaco para explotar un área total de 63.5 hectáreas. Posteriormente, el 15 de febrero de 2012, la Car otorgó la Licencia Ambiental mediante resolución 532, a nombre de Omar Cerón Barrera.

El 8 de mayo de 2012, la Secretaría de Planeación de Soacha solicitó aclaración de la Resolución 0532 del 15 de febrero de 2012, teniendo en cuenta que conforme al acuerdo 046 del 2000, el Título Minero 08081 se encontraba en zona de protección ambiental, en ese sentido estaría violando el principio del desarrollo del territorio.

El 26 de julio de 2012, la Car suspendió la actividad de la mina, a través de la Resolución 1934, pero en marzo de 2014, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante resolución 138, realinderó la cuenca alta del río Bogotá y sacó a la mina Caracolí y a la mayor parte de los predios de la vereda San Jorge de la zona de protección ambiental, dejando vía libre para la explotación minera.

Con base en lo anterior, el 7 de mayo de 2014 la Car levantó la medida preventiva, basada en la resolución del Ministerio de Ambiente.

“Dicha licencia ambiental ha sido suspendida en dos ocasiones debido a la movilización y presión gestionada por la comunidad y la alcaldía, claro está con argumentos técnicos que sustentan el uso apropiado del suelo. La última ocasión en la que fue suspendida la licencia ambiental que la CAR otorgó sobre la mina Caracolí fue suspendida a mediados de 2015, porque la Contraloría General de la Republica halló que la intervención minera no contaba con la certificación del Instituto de Arqueología (ICAN), la cual era un requisito básico para la licencia”, explicó Esperanza Montoya, Directora Bioambiental del municipio.

La funcionaria continuó explicando la situación de la minería en San Jorge, durante 2016:

“Este año nos encontramos con la novedad de que aparece una resolución de la CAR, expedida el 28 de diciembre de 2015, donde levantan la medida de suspensión. Al conocer la resolución, hace un mes, la comunidad se alertó e hicimos el previo aviso. En compañía del corregidor realizamos un recorrido en la zona y efectivamente encontramos maquinaria, pero aún no estaban ejerciendo actividades”, puntualizó la directora.

Hace tres semanas los habitantes de san Jorge se percataron de la llegada de camiones, razón por la que decidieron pronunciarse mediante una manifestación y el taponamiento de la vía usada por los vehículos pesados para sacar el material extraído de la mina; como respaldo a la iniciativa, varios colectivos ambientales se han apersonado de la situación con el objetivo de exigir no solo la preservación ambiental, sino conjuntamente el respeto a la actividad agrícola que destaca a los habitantes de San Jorge.

Ante la situación, la administración municipal, desde la Secretaría de Planeación y la Dirección Bioambiental, se reunió con la Procuraduría. Durante el encuentro se presentó un informe de la mina Caracolí explicando su situación y se pidió al organismo que solicitara a la CAR la suspensión de esta mina por principio de precaución, hasta que haya los respectivos estudios técnicos que determinen que la zona es de importancia ecológica y reserva de agua.

Por otra parte, los colectivos ambientales y la comunidad del territorio adelantan un proceso de resistencia contra la actividad minera en San Jorge, con el mismo fin. La Corporación Ambiental Caminando el Territorio está gestionando una consulta popular para acabar de manera definitiva con el problema que perjudica la actividad agrícola de los habitantes de la vereda y la protección del páramo que la destaca.

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