Las condiciones socioeconómicas y ambientales del municipio albergan en su interior el detonante de problemáticas que se relacionan con la baja calidad de vida y la precaria cobertura en servicios públicos .


El municipio en relación con Bogotá se define como una ciudad dormitorio, lo que implica comprender que es un lugar administrativamente aparte de la ciudad de Bogotá, pero con unas relaciones específicas que intensifican el debate entre la forma en la que se administra Soacha, Bogotá D C y la región de la Sabana de Bogotá.

La inversión de los recursos del Estado en el municipio han sido escasos y el desarrollo social entonces se ve truncado por la ausencia de viabilidad de los proyectos urbanísticos, como el Cazuca –ble, el tren de cercanías y la red de alimentadores, induciendo desde la infraestructura física a contar con condiciones que niegan la ciudad a los ciudadanos y que por consiguiente insertan a la población en condiciones de marginalidad en cuanto a acceso a la movilidad, a la empleabilidad y a la red de abastecimiento de bienes y servicios en el municipio, tales como los servicios de educación, salud y entretenimiento.

Ahora el municipio se enfrenta a unas condiciones materiales que limitan el desarrollo de la economía formal, que limita la pequeña empresa y que condena a la necesidad de “salir” a buscar empleo en otras partes. Y que se hace mucho más fuerte con el esquema de urbanización de las áreas rurales del municipio, las cuales pasan de ser lecherías o lugares de importancia arqueológica y ambiental a convertirse en mega proyectos de vivienda, con unas características como lo son; la propiedad horizontal, la contratación de vigilancia privada y el asilamiento con respecto al desarrollo de todo tipo de actividades económicas al interior del tejido urbanístico puesto que se trata de espacios exclusivamente residenciales.

Adicionalmente la forma en la que se desarrolla este esquema urbanístico, no es compatible con la estructura ecológica como: los humedales y las condiciones de la montaña en el sector de Altos de la Florida, Cazuca y ciudadela Sucre, con esto creando nuevas problemáticas asociadas a las condiciones medio ambientales.
La orientación de la urbanización en Soacha, por lo menos en las áreas urbanizables así como se plantea, consolida necesariamente la dependencia de Bogotá como centro de producción económico y cultural, debido a la incapacidad de generar una infraestructura productiva y de servicios públicos a sus habitantes.

El problema consiste en la incapacidad de la administración municipal para controlar el fenómeno causado por la especulación con el suelo urbanizable y la implementación de mega proyectos de vivienda “considerados inconstitucionales ” esto implica que la política de vivienda nacional tiene contradicciones con el ordenamiento territorial del municipio casos como Ciudad Verde que cuenta con 328 hectáreas para proyectar 48.000 soluciones de vivienda, con 22.342 unidades habitacionales entregadas. Entonces siendo conscientes sobre la importancia de ofrecer garantías para la subsistencia socioeconómica de la población ¿De qué van a vivir en el confín de la ciudad una población de estas magnitudes?

Claro está que la explicación se halla en el funcionamiento de la economía nacional, en el cual se establece como eje del desarrollo económico la construcción, mas no se plantea este como un proceso urbanístico. Entonces se trata más bien de financiar la construcción, para que “genere empleo” y luego a través de un sistema de préstamos a muy largo plazo los bancos se encarguen de cobrar los intereses producidos por los pagos de miles de hogares que durante décadas sostienen una deuda y por consiguiente generan el ingreso satisfactorio del sector bancario y de las empresas constructoras.

Una formula propia de la relación del capital financiero y el capital industrial cuyo poder económico permite permear el poder político y pagar la conciencia de sus funcionarios escogidos o no por vía electoral o probablemente ganando las elecciones gracias al apoyo económico de estos sectores que junto al sector minero, el sector de colegios por concesión, el sector construcción y el sector transporte, orientan la política pública para favorecer estas formas de negocio a particulares y por consiguiente desconozcan los derechos de sus ciudadanos.

La política pública de la nueva administración parece ser que tampoco aborda este problema políticamente, mediante la participación del poder local y su constituyente primario que es la ciudadanía. Tampoco establece la forma presupuestal sobre la cual se tratará este problema con lo cual en su evaluación y posterior concepto por parte del concejo territorial de planeación municipal expresó:

“No contempla de manera específica y discriminada la parte Estratégica, es decir no cuenta con ejes, programas, proyectos y acciones concretas. Además de dicha apreciación, esta parte no visualiza la inclusión de las propuestas de la comunidad y de los diferentes sectores, ya que las consultas ciudadanas, que se debieron realizar durante los primeros sesenta días una vez iniciado el nuevo período administrativo, iniciaron hasta el día 27 de febrero del año 2016, dos días antes de hacer entrega de este documento al CTP.

Las iniciativas para formular los programas no fueron consultadas, ni concertadas con las comunidades, además no son claros las propuestas de cada programa o eje del documento. Hay un componente estratégico que no está articulado con los ejes enunciados, no se observan los insumos o acciones específicas para alcanzar las metas, ni aparecen las líneas base con la proyección de los cuatro años, por lo cual no podemos dar razón de la pertinencia del documento” (CPM 2016 . P 7).

Entonces reuniendo las características de la ciudad actual en relación con la política nacional y la política municipal evidencia que allí radica la base de la incapacidad para resolver los problemas asociados al incremento de urbanizaciones, con los consecuentes aumentos de población en el municipio, sin contar con la preparación y adaptación del municipio a dichos procesos sociales. Entonces las políticas que orientan estas administraciones representan a los intereses de quienes se benefician con los negocios anteriormente descritos, mas no a las potencialidades socioculturales y socioeconómicas del municipio.

Adicionalmente se menciona también la agudización entonces del crecimiento poblacional en el municipio de Soacha y la expansión urbanística, la aparición de nuevos conflictos socioambientales, territoriales y poblacionales tales como:
-1. Vía expansión urbana en donde el suelo de Soacha que cuenta con un amplio legado ancestral de la permanencia del ser humano desde hace 9000 años en el territorio y en donde se modifica el uso del suelo para la protección ambiental y cultural en pro de la misma.
-2. Extracción de materiales de construcción de los cuales el municipio es proveedor y amenaza con la expansión de la minería a zonas en donde constitucionalmente no está permitido como el ecosistema paramo , asociando los dos problemas minería y expansión urbana.
– 3. Presión sobre los ecosistemas debido a la necesidad de copar áreas que se encuentran compuestas por humedales, ríos, quebradas y la demanda entonces de servicios como acueducto, alcantarillado, gas combustible y energía eléctrica.
-4. La demanda de servicios como salud, educación, vivienda digna, trabajo digno, recreación digna y ocio, con lo cual se ratifica que en la ciudad de Bogotá, mas no en el municipio se encuentra la oferta de dichos servicios con lo cual se somete a miles de hogares a movilizarse a través de la autopista sur y la sabana de Bogotá, para resolver la demanda de empleo y así mismo poder pagar los intereses de los bancos, poder pagar su propio transporte, poder pagar su propia alimentación, poder pagar su vivienda y poder pagar su dignidad humana.

Teniendo cuenta este panorama, parece ser que no hay vuelta de hoja a la agudización de toda una serie de contradicciones de orden socioeconómico, ambientales y políticos que redundan en el descontento de quienes habitamos el territorio Soachuno. Sin embargo las soluciones pueden encontrarse en distintos escenarios.

La sociedad civil y la organización comunitaria deben perfilar acciones que permitan dialogar estos temas con la administración y debatir la política pública, tanto la municipal como la nacional. Este debate debe conducir a orientar soluciones de la mano de las Instituciones y en coherencia con la democracia.

Las instituciones deben superar el debate con respecto al manejo de los recursos del Estado, puesto que se sabe que buena parte del presupuesto municipal se dilapida en contratos que no se saben a la luz de la ciudadanía, si se ejecutaron o no, con altas sumas de dinero que para nada se invierten en el desarrollo social del municipio, cabe aclarar que este es un problema nacional, el que tiene a el departamento de La Guajira sin agua, sin servicios y sin alimentación para la niñez, el mismo fenómeno que deja sin alimentación escolar a los niños del Cesar y el mismo que niega el acceso a los recursos a la ciudadanía, el fenómeno de la corrupción.

La consideración de incorporar al debate urbanístico del municipio, la sostenibilidad ambiental, el mejoramiento de la infraestructura de servicios, el acceso de la ciudadanía a los mismos, pasa por la inversión de los recursos públicos en aquello para lo cual se requiere y es el desarrollo social con la socialización del espacio público y la planeación urbana, pero si no tiene la administración recursos por que la nación no se los entrega al municipio o por que se niega su existencia, pues por lo menos no permitan que los proyectos urbanísticos inunden el territorio municipal.
Invitar a la ciudadanía a movilizarse alrededor de iniciativas que permitan comprender el problema y construir soluciones para este problema y los demás que agobian al municipio, esto pasa por la organización social y la confluencia de las mismas en una red de organizaciones que potencien las transformaciones políticas desde el escenario de la democracia y el debate con ideas pertinentes al municipio. Convocar desde este escenario a extender la conciencia a la ciudadanía y a tocar el corazón de quienes detentan el poder de la planeación para que permita la planificación participativa de los cambios urbanísticos, puesto que la principal causa del conflicto social de este país se sustenta en la baja participación de los ciudadanos en el destino común.

La gestión de las soluciones a las problemáticas sociales del municipio no se resuelven con bonitos discursos o palabras cargadas de cariño populista, son las acciones con transparencia y para ello la Red Juvenil de Soacha también planeta proponer procesos de producción de un nuevo poder social capaz de abordar estos problemas a través de acciones pertinentes en el marco de la democracia y el Estado social de derecho.

Ponencia presentada en el marco del Cabildo Abierto de Soacha.