Vendía remates falsos de casas y automóviles en Bogotá y se escondía en municipio de Cundinamarca
Cuando las víctimas caían en la trampa, no solo perdían su dinero, sino también la ilusión de adquirir una vivienda o un vehículo a precio cómodo. Detrás de cada caso, quedaban sueños rotos y familias afectadas.
Durante años, Adriana Patricia Lizarazo Cordero se movió en las sombras del engaño con una fórmula tan simple como efectiva, pues se presentaba como funcionaria de reconocidas entidades del Estado, ofrecía acceso exclusivo a supuestos remates judiciales, y convencía a sus víctimas de consignarle fuertes sumas de dinero para participar en lo que parecía un negocio legítimo.
La estrategia era meticulosa. La mujer se hacía pasar como servidora pública de instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y hasta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con esa fachada de autoridad, ganaba la confianza de sus víctimas, ciudadanos que buscaban invertir sus ahorros en propiedades o vehículos de alta gama a bajo costo.
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Los ofrecimientos eran irresistibles, al tratarse de apartamentos, casas o carros de lujo supuestamente embargados, disponibles por valores muy por debajo del precio comercial.
Para reforzar la veracidad de sus palabras, entregaba documentos como letras de cambio, contratos comerciales y comunicaciones con membretes oficiales, lo que daba apariencia de legalidad a cada negociación.
El siguiente paso era el más crucial, porque debía convencerlos de hacer transferencias bancarias bajo el argumento de que ese dinero era necesario para adquirir unos pines, códigos o accesos que les permitirían participar en los supuestos remates.
Luego de unos días, las víctimas veían que el supuesto proceso no avanzaba de la forma que esperaban. Los bienes no aparecían, las excusas se multiplicaban, y la mujer simplemente desaparecía.
Las estafas habrían ocurrido entre 2016 y 2024. En ese tiempo, al menos ocho ciudadanos fueron engañados de la misma forma. La suma total de lo defraudado supera los 450 millones de pesos, según el material probatorio reunido por la Fiscalía.
Las denuncias, presentadas en su mayoría en Bogotá, permitieron a las autoridades construir un expediente sólido contra Lizarazo Cordero. Fue así como la Fiscalía le imputó los delitos de estafa agravada y abuso de confianza, aunque lo hizo en contumacia, es decir, sin su presencia, ya que la mujer se mantenía prófuga.
En días recientes, uniformados de la Policía Nacional lograron ubicarla en el municipio de Susa, Cundinamarca, donde fue capturada en cumplimiento de una orden judicial.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.
Ahora, las víctimas esperan que el caso avance y que, más allá de la judicialización, puedan recuperar parte de los recursos perdidos.
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Mientras tanto, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a verificar la legitimidad de cualquier remate judicial y a desconfiar de quienes prometen acceso privilegiado a bienes embargados sin los canales oficiales.
Foto: Archivo Periodismo Público
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