El cambio de automotores, es un proceso al que se le han dado largas, pero ya hay fechas establecidas para definir el futuro de este transporte.

El municipio está en medio de una transformación histórica en su sistema de transporte público. Desde abril de 2025, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) asumió oficialmente el control del transporte en el corredor Soacha–Bogotá, reemplazando así al Ministerio de Transporte y dando inicio a una reorganización total del servicio que utilizan miles de personas a diario.

Una de las principales metas de la nueva autoridad es la renovación del parque automotor, mediante el reemplazo de los vehículos de vieja data por un sistema de transporte público metropolitano. Este servicio estará interconectado con TransMilenio, e incluso futuro cable aéreo e incluso el metro, con el objetivo de establecer tarifas unificadas, tal como ya se ha implementado en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, entre otras.

Sin embargo, mientras ese sistema se diseña, los vehículos con más de 20, incluso hasta 30 años de uso, seguirán circulando. Así lo autoriza la Resolución 03 del 16 de abril de 2025, que concede un permiso especial y transitorio hasta el 31 de diciembre de 2027 y que fue compartida con Periodismo Público.

El primer acuerdo adelantado entre la ARM y los conductores pretende evitar el colapso del servicio mientras se culmina el estudio técnico de movilidad que definirá cómo será el modelo y qué condiciones tendrán los nuevos vehículos para seguir operando entre las dos ciudades.

«Estamos construyendo la visión de largo plazo del transporte público para el corredor Soacha–Bogotá. Ese estudio ya está en marcha y los primeros resultados se conocerán en noviembre de este año”, explicó Luis Lota, director de la Región Metropolitana.

¿Qué dice la resolución de transporte en Soacha?

Con ocasión de los estudios técnicos en ejecución para la definición de las condiciones definitivas de operación del corredor Bogotá-Soacha y viceversa se busca generar un diseño operacional que será el resultado del diagnóstico y la evaluación de diferentes escenarios de condiciones físicas, tarifarias y operacionales que permitan definir la mejor forma de operación en el corredor en términos de calidad y sostenibilidad del servicio.

Este diseño considerará la demanda actual y proyectada de pasajeros para el corredor y contemplará alternativas de integración y alimentación con las Fases I, II y III de Transmilenio. Que, de acuerdo con lo anterior, entre otros aspectos, se definirá como mínimo la capacidad transportadora global del corredor Bogotá-Soacha y viceversa, la capacidad por empresa de transporte y los mecanismos de reposición y tipología vehicular (clase, capacidad, edad máxima y condiciones ambientales y de seguridad vial de los vehículos).

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De igual forma, uno de los objetivos fijados para los referidos estudios es racionalizar y modernizar la oferta de transporte público del corredor para que sea acorde a la demanda actual y proyectada. Que, en este orden de ideas, se hace necesario adoptar un permiso especial y transitorio que permita contar con una operación uniforme y continuada respecto de los vehículos que hacen parte de las empresas del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano de pasajeros en la ruta, garantizando su operación hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que se adopten las decisiones con base en los resultados finales del estudio.

¿Cómo se llevaría acabo el reemplazo del parque automor en Soacha?

El proceso que se quiere adelantar en Soacha no es nuevo. Según lo establece la Ley 105 de 1993, la vida útil de un vehículo de servicio público es de 20 años. Pero debido a la pandemia de Covid-19, el Gobierno Nacional extendió esa vida útil por 4 años más.

Con la resolución regional de este año, se les permite seguir operando hasta finales de 2027, lo que significa que muchos de estos buses alcanzarán hasta 30 años de servicio.

Y mientras tanto, los pasajeros siguen pagando la misma tarifa que en un bus moderno, sin aire acondicionado, sin comodidad y sin estándares ambientales adecuados. Además de las constantes denuncias por inseguridad y por la guerra del centavo.

“Es procedente que esos vehículos salgan. Son un peligro para los usuarios, los gastos de mantenimiento son altos y no ofrecen garantías. Y lo peor: el usuario paga por un servicio como si fuera un bus nuevo de 2023”, advirtió Omar Alarcón, gerente de la empresa Coopcasur Ltda.

El estudio que está en marcha no solo determinará las nuevas rutas y frecuencias. También establecerá qué vehículos deberán salir, donde según Alarcón en entrevista con Periodismo Público pueden ser modelos desde el 2010 hacia atrás.

En este sentido, el gerente de Coopcasur mencionó que las reglas que se prevén serán difíciles de cumplir para los pequeños propietarios. “Hoy por cada tres buses que se chatarricen, se podría adquirir un cupo para un busetón eléctrico de 52 pasajeros, que cuesta entre 800 y 1.200 millones de pesos. Eso es impagable para un transportador que gana 3.000 pesos por el trayecto de un pasajero”, explicó.

Además, la mayoría de las empresas no son dueñas de los buses: estos pertenecen a propietarios independientes, quienes luego de chatarrizar deben conseguir crédito, aportar capital propio y cumplir con exigencias técnicas. Para Alarcón, esto dejará fuera del negocio a los pequeños propietarios, obligándolos a vender su cupo o cederlo a grandes empresas.

«Un pequeño transportador no podrá sobrevivir. Las cuotas pueden llegar a $ 7.000.0000 mensuales. Solo empresas grandes que tengan respaldo bancario y músculo financiero podrán montar esos buses. Yo pienso que pasará como en Bogotá, con operadores como La Rolita, donde los propietarios pasaron a ser solo conductores”.

¿Hacia un sistema integrado de grandes operadores?

Lo que se perfila para Soacha es un esquema muy similar al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) implementado en otras ciudades del país. Grandes operadores, contratos por 15 o 20 años, cupos controlados, y los pequeños transportadores, de forma inevitable, absorbidos o excluidos del negocio.

Luis Lota que: “Vamos a modernizar el parque automotor, equilibrar las tarifas y organizar el servicio. La transformación no será solo de vehículos, sino de estructura. Y se hará con base en los estudios y en diálogo con los transportadores”, aseguró.

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Pero para muchos pequeños empresarios del transporte en Soacha, la preocupación es clara: no habría espacio para todos así lo manifestó en una ocasión Viviana Monroy, representante legal de la Asociación de Propietarios de Carros del Sur y Transunisa.

La transición ya comenzó, pero el modelo final dependerá de los estudios técnicos, la capacidad de gestión de la ARM y de si el Gobierno Nacional y los bancos estarán dispuestos a ofrecer condiciones justas para los los pequeños propietarios.

Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá

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