La investiga presuntas irregularidades en un contrato de más de $14.000 millones suscrito por la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato SCJ-1904-2023, firmado por la Secretaría de Seguridad para la instalación de 200 cámaras de videovigilancia tipo LPR (lectura de placas) en Bogotá.

Según la investigastión del Ministerio Públio, el contrato tiene un valor cercano a los $ 14.339 millones, pero a la fecha, solo se han instalado 50 cámaras, es decir, apenas el 25  % del total pactado.

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Pese a que el avance físico del proyecto se reporta en un 68,5  % y la ejecución presupuestal alcanza el 50  %, la instalación de los equipos ha estado marcada por retrasos, fallas técnicas y modificaciones al cronograma sin soporte financiero.

Fallas en la planeación y supervisión

Entre los hallazgos que motivaron la actuación disciplinaria se encuentran:

• Planeación deficiente y problemas técnicos no previstos.
• Tres prórrogas y tres suspensiones del contrato sin respaldo presupuestal.
• Controversias contractuales por más de $2.000 millones.
• Sustitución de la interventoría externa por una supervisión interna de la misma Secretaría, sin respaldo técnico.

Por lo anterior, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.

Además, según informes de la Contraloría de Bogotá, desde 2024 ya se habían alertado fallas estructurales en otros contratos relacionados con la red de cámaras de seguridad de la ciudad, incluyendo pagos duplicados y deficiencias en la supervisión, que habrían dejado fuera de servicio más del 45 % de los dispositivos existentes.

Localidades más afectadas

El proyecto buscaba reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad, incluyendo zonas priorizadas como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe y Chapinero, pero la baja ejecución pone en entredicho el alcance real del programa y el uso eficiente de los recursos públicos.

Investigación en curso

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ya ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales para determinar si se configuraron faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Secretaría, y para establecer las posibles responsabilidades individuales.

Secretaría de Seguridad había advertido retrasos

El exsecretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, había reconocido en diciembre pasado que parte del retraso obedecía a la falta de infraestructura física para instalar los dispositivos. Según explicó entonces, el contratista no contaba con las condiciones necesarias en terreno, lo que obligó a reprogramar la ejecución para el primer semestre de 2025.

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Recursos públicos bajo la lupa

La Procuraduría reiteró su compromiso con el control preventivo y disciplinario, y advirtió que mantendrá el seguimiento a la ejecución de este tipo de contratos, especialmente en áreas sensibles como la seguridad ciudadana.

Foto: Alcaldía de Bogotá y Procuraduría

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