Varias entidades del departamento están en la mira de las autoridades de control tras los resultados de una auditoría que expuso inconsistencias preocupantes.

La Contraloría de Cundinamarca reveló preocupantes hallazgos tras una serie de auditorías realizadas a entidades públicas y empresas prestadoras de servicios en el territorio. El balance, entregado como parte del primer ciclo de auditorías de costos ambientales, evidenció 14 hechos con presunta connotación fiscal que podrían representar un detrimento patrimonial por $ 429.088.651.

Las auditorías, lideradas por la Subdirección de Costos Ambientales, hacen parte de una estrategia para vigilar cómo se están gestionando los recursos destinados a la protección del medioambiente en el departamento. En total se evaluaron 34 entidades públicas, entre ellas municipios y empresas de acueducto, alcantarillado y aseo.

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“Dichas irregularidades reflejan deficiencias en el cumplimiento de la normativa ambiental y en la ejecución de los recursos asignados a la protección del medio ambiente”, advirtió la Contraloría a través de un comunicado de prensa.

Durante esta primera fase se revisó el cumplimiento de tres ejes fundamentales:

1. El artículo 111 de la Constitución, que establece la declaración de interés público sobre áreas estratégicas para acueductos municipales, distritales y regionales.
2. La adecuada prestación del servicio público de acueducto.
3. El acatamiento de la sentencia del río Bogotá, que ordena su recuperación ecológica.

Los informes técnicos revelaron fallas estructurales en la gestión ambiental, así como debilidades en el uso, seguimiento y trazabilidad de los recursos públicos asignados. También se detectaron vacíos en la información entregada por las entidades auditadas, lo que dificultó la verificación de indicadores y evidencias relacionadas con compromisos contractuales.

Empresas y municipios auditados

Entre las entidades bajo revisión se encuentran los municipios de:

• Venecia
• Zipacón
• Zipaquirá
• Albán
• Anolaima
• Caparrapí
• Fómeque
• Fúquene
• Guachetá
• Guataquí
• Apulo
• Cáqueza
• Guaduas.

A su vez, se auditó a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como:

• Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Rosal
• Empresa de Servicios Públicos de Silvania y Viotá
• Empresa Aguas de Beltrán
• Empresa Regional de Servicios Públicos de Tocaima y Agua de Dios
• Empresa de Servicios Públicos de Cota
• Empresa de Servicios Públicos de Ricaurte
• Empresa de Servicios Públicos de Pacho
• EMPANDI S.A.S. E.S.P. (Pandi)
• Empresa de Aguas y Aseo de Subachoque
• Empresa de Servicios del Gualivá
• Empresa Aguas de Facatativá
• Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipacón

El caso del Río Bogotá

Paralelamente al proceso de auditoría, la Contraloría revisó el informe correspondiente a la vigencia 2024 del Proyecto de Adecuación Hidráulica del río Bogotá. Allí se reportaron observaciones sobre la gestión ambiental, incluyendo inconsistencias en el seguimiento a medidas de manejo como la revegetalización y la ejecución de programas de recuperación ecológica.

También se mencionaron limitaciones en la trazabilidad de los compromisos adquiridos y en la presentación de evidencias sobre su cumplimiento. Algunas de las empresas responsables de la interventoría no contaban con soportes suficientes para demostrar que las obligaciones contractuales y ambientales pactadas se hubiesen ejecutado adecuadamente.

Resultados adicionales: beneficios y mejoras

Además de los hallazgos con posible detrimento fiscal, la Contraloría destacó 14 beneficios de control fiscal cuantificables, valorados en $23.520.335, que representan mejoras en procesos administrativos para el uso más eficiente de los recursos públicos.

También se identificaron cuatro beneficios cualificables, es decir, logros no monetizables pero relevantes para la gestión pública, como ajustes en procedimientos internos o fortalecimiento institucional, que podrían prevenir futuras afectaciones al entorno natural.

¿Qué sigue?

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Aunque aún no se ha confirmado si estos hallazgos derivarán en investigaciones disciplinarias o sanciones individuales, la Contraloría anunció que continuará con las siguientes fases del proceso de auditoría ambiental.

“El ejercicio de control fiscal continuará. Nuestro compromiso es asegurar que los recursos públicos destinados a la protección ambiental se gestionen con transparencia, eficiencia y responsabilidad”, concluyó el ente de control.

Foto: Archivo Periodismo Público

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