CAR allanó predio en Bogotá por producción ilegal de carbón vegetal
Durante la inspección técnica, se identificaron tres pilas en diferentes etapas: una en armado, otra en proceso de combustión y una más con carbón vegetal ya obtenido.
El humo de las quemas a cielo abierto no solo se dispersa en el aire, también deja un rastro de daños invisibles que se acumulan con el tiempo. Los gases contaminantes derivados de estas prácticas afectan la calidad del aire, deterioran los suelos y ponen en riesgo la salud de quienes viven en las comunidades cercanas. Además, comprometen la vegetación al recubrir sus hojas con partículas que frenan la fotosíntesis y reducen su capacidad de reproducción. Todo esto ocurre en silencio, pero sus consecuencias son profundas y difíciles de revertir.
Un ejemplo reciente de esta problemática se vivió en la zona rural de Suba, al norte de Bogotá, donde autoridades ambientales y la Fuerza Pública encontraron un escenario de afectación directa provocado por la producción ilegal de carbón vegetal. Allí, en medio de un predio ubicado en la vereda El Recodo, sector de La Conejera, se estaban realizando quemas a cielo abierto de madera y retales, lo que dio pie a un operativo de alto impacto que buscaba detener la actividad y mitigar sus impactos.
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El procedimiento fue posible tras varias semanas de seguimiento y monitoreo apoyado en labores de inteligencia. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) y la dirección regional Bogotá – La Calera, coordinó la acción junto al Grupo de Caballería Mediano No. 13 Tequendama del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia y la SIJIN de la Policía Nacional. Todo esto bajo el respaldo de una orden de allanamiento expedida por la Unidad de Salud y Seguridad Pública de la Fiscalía General de la Nación.
Al ingresar al lugar, las autoridades comprobaron en flagrancia la quema de trozas de madera, especialmente de especies como ciprés y pino, además de retales de carpintería y estibas impregnadas con pintura, puntillas y otros materiales que, al arder, generan compuestos altamente tóxicos.
El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que estos residuos, al ser incinerados, liberan gases contaminantes con compuestos irritantes que no solo alteran el entorno natural, sino que también representan un riesgo directo para la salud de las personas que habitan en los alrededores.
Durante la inspección técnica, se identificaron tres pilas en diferentes etapas: una en armado, otra en proceso de combustión y una más con carbón vegetal ya obtenido. A ello se sumó la evidencia de tamices y un almacenamiento de madera en chips y trozos, lo que confirmaba la magnitud y organización de la actividad ilegal.
El balance de los daños ambientales fue contundente. En cuanto al aire, se determinó la pérdida de calidad por la emisión directa de contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos y material particulado.
En el recurso suelo, la quema ocasionó la pérdida de la capa orgánica y la muerte de microorganismos esenciales, debido al contacto directo con altas temperaturas. Estos procesos, según explicó Ballesteros, también alteran las propiedades físico-químicas del terreno, disminuyen su permeabilidad y reducen su capacidad de retener agua e infiltrar nutrientes.
La flora del lugar tampoco salió indemne. Más allá de la pérdida de cobertura vegetal, se reportó que las partículas generadas por las quemas se acumularon sobre las hojas de las plantas, dificultando la fotosíntesis y reduciendo su potencial reproductivo. Este tipo de impacto tiene efectos en cadena, pues compromete los procesos naturales de regeneración y la resiliencia de los ecosistemas frente a otros factores de presión ambiental.
Ante esta situación, la CAR impuso la suspensión inmediata de las actividades de quema a cielo abierto y reiteró que este tipo de prácticas están prohibidas por la normatividad ambiental vigente. Paralelamente, la SIJIN de la Policía Nacional procedió con la judicialización de dos personas sorprendidas en flagrancia durante el operativo, quienes deberán responder por los daños ocasionados.
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Con esta acción, las autoridades buscan no solo frenar un caso puntual de producción ilegal de carbón vegetal, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de realizar prácticas que atentan contra el ambiente y la salud pública. Como lo señaló la CAR, el compromiso es seguir fortaleciendo los mecanismos de control y vigilancia con el apoyo de la Fuerza Pública, de manera que las afectaciones ambientales en zonas rurales de Bogotá y Cundinamarca puedan ser atendidas y prevenidas de manera oportuna.
Foto: CAR Cundinamarca
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