Dos años después del paro agrario, defensores de derechos humanos demandaron al Estado colombiano por su presunta responsabilidad en lo que llamaron detención arbitraria, tortura, injusta privación de la libertad y sometimiento al escarnio público, del que manifestaron ser víctimas varias personas durante estas protestas. La demanda está apoyada por jóvenes de Soacha que fueron capturados injustamente.


Los litigantes presentaron una solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, buscando que se declare la responsabilidad de los funcionarios la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la detención y tortura de 10 jóvenes del municipio de Soacha y la estigmatización de un estudiante universitario de Bogotá.

La acción judicial busca que se ejecute un conjunto de medidas destinadas a garantizar la no repetición de los patrones de represión policial en la atención y control de manifestaciones ciudadanas, a conocer la verdad sobre las motivaciones y la identidad de los responsables de las violaciones, que se reconozca la responsabilidad por parte de estos altos funcionarios en esos hechos y se exalte el buen nombre y las calidades de estos jóvenes estudiantes y trabajadores.

La acción judicial busca que se ejecute un conjunto de medidas destinadas a garantizar la no repetición de los patrones de represión policial en la atención y control de manifestaciones ciudadanas, a conocer la identidad de los responsables de las violaciones, que se reconozca la responsabilidad por parte de estos altos funcionarios en los hechos y se exalte el buen de los jóvenes estudiantes y trabajadores que se vieron afectados.

¿Qué piden específicamente los defensores con esta acción judicial?

El grupo de personas que asegura haber sido víctima del Estado colombiano, en cabeza de sus representantes legales, los abogados Germán Romero y Jorge Molano, solicitaron a la Procuraduría específicamente los siguientes puntos:

– Que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, a través de audiencias públicas, informen a la ciudadanía de las razones institucionales que llevaron a ejecutar estas acciones de represión

– Solicitan que se publiquen las sentencias condenatorias o acuerdos conciliatorios de reconocimiento de responsabilidad en medios de comunicación escritos, televisivos y de radio en horarios y ediciones de gran audiencia.

– Piden que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, implemente un programa permanente de capacitación a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sobre los estándares internacionales sobre el control de las manifestaciones y los límites del uso de la fuerza.

– Se demanda una reparación aproximada de 5.600 salarios mínimos, ante las graves violaciones a sus derechos que sufrieron los manifestantes.

– Finalmente requieren que desde la Presidencia de la República se establezcan los Límites del uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones.

Fuente: Vanguardia.com