El término transfuguismo o trasfuguismo se refiere especialmente a la actitud y comportamiento de quien se pasa de una ideología o colectividad a otra. Wikipedia lo define como una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo, pactan la unión con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría, lo que ellos no comparten.


No es un secreto decir que en Colombia el sistema político está dominado por los partidos del Uribismo, y que el presidente maneja el país a su antojo, incluyendo reformas a la Constitución, pero lo más grave es que esos partidos son imprescindibles para configurar el poder legislativo y, por extensión, el ejecutivo.

La figura denominada «trasfuguismo político» o «voltiarepismo» fue incluida en la reforma política, aprobada por el Congreso el pasado 19 de junio. Esta fue una de las más polémicas decisiones tomadas por el Congreso en el trámite de la reforma, pues, argumentaron sus opositores que lo que busca es permitir el tránsito de un gran número de parlamentarios a las toldas del partido de ‘la U’, el partido del presidente Álvaro Uribe y consolidar, de paso, una gran mayoría tanto en el Senado como en la Cámara para el periodo 2010 – 2014.

Pero muchos consideran que jugarle a lo aprobado por el Congreso obedece a la falta de bases morales y pragmáticas de los partidos, los cuales también venden sus principios a cualquiera que les traiga curules sin importar su procedencia moral, judicial, personal o ideológica. Sin embargo esta falta de ética por parte de una buena parte de políticos, se debe precisamente a la ausencia de participación activa y a la indiferencia de la mayor parte del pueblo colombiano.

El riesgo del transfuguismo

Entre 2002 y 2006, el 67% de los senadores y el 40% de los representantes a la Cámara cambiaron de partido político. Si bien algunos de estos cambios se dieron como consecuencia de la aparición de alianzas entre colectividades con similar ideología y objetivos comunes, la mayoría respondieron a la constante conformación de bancadas de carácter coyuntural y oportunista, tendientes a resquebrajarse fácilmente frente al menor desacuerdo o en respuesta a conveniencias electorales.

Así, al tiempo que se dieron reacomodos lógicos como la agrupación de distintos partidos de izquierda en el Polo Democrático Alternativo o de distintos movimientos uribistas en el Partido de la U, la legislación vigente en esa época permitía que congresistas como Javier Cáceres, electo por el Movimiento Nacional, pasara a engrosar las filas del Polo Democrático Independiente y después las de Cambio Radical, o que representantes como Edgar Fandiño, electo por la Alianza Democrática M-19, durante el mismo cuatrienio decidiera probar suerte en el Partido de la U, a pesar de las claras diferencias ideológicas y políticas entre estas colectividades.

También permitía casos como los del senador Luís Eduardo Vives, quien en tan sólo cuatro años hizo parte de igual número de partidos: Movimiento de Integración Popular, Colombia Viva, Partido de la U y Convergencia Ciudadana. O peripecias como los del senador Carlos Ferro, electo en 2002 por el movimiento Somos Colombia, de donde salió para ser miembro de Alas Equipo Colombia, partido al cual renunció en enero de 2006 después de un altercado con el representante Jaime Alberto Canal.

Casos como estos parecían ser la regla general en el Congreso antes de la entrada en vigencia de la Ley de Bancadas el 19 de julio de 2006, cuando cambiarse de partido o actuar como rueda suelta dentro de una colectividad no tenía sanción alguna, logrando con esto gran confusión entre los electores y opinión pública en general, quienes sabían las propuestas con las cuales alguien llegaba al Congreso, pero no las ideas que regirían su gestión a lo largo del cuatrienio.

Volver a esos días y retomar esas prácticas es lo que ahora proponen las mayorías parlamentarias en el Senado, al aprobar una serie de modificaciones en la ya de por si vilipendiada e inocua Reforma Política aprobada en junio pasado.

Muchos consideran que el transfuguismo es ser desleal, traicionero y hasta “vende patrias”, y razón tienen porque al concejal, diputado o senador se eligió bajo una propuesta legítima de un partido, con unos principios éticos y morales, y bajo una filosofía propia del movimiento que le dio el aval.

Y en Soacha qué?

Mucho se rumoró en el municipio sobre quiénes serían los trásfugas, incluso en el pasillo del concejo, en las cafeterías y en el parque se llegaron a dar nombres de algunos concejales que aprovechando la coyuntura de la reforma política se cambiarían de partido. Pero afortunadamente sólo fue eso: rumores y chismes de los que con frecuencia se escuchan en Soacha.

Claro que de todo lo que se dijo resultó un caso cierto, o como diría el médico al confirmar una sospecha: resultó positivo. Se trata de la concejala Gloria Lilian Uribe, quien obtuvo la curul con el aval de Cambio Radical y que aprovechando el transfuguismo se fue para las toldas del partido de la U. La noticia se hizo oficial el pasado primero de octubre en la inauguración del tercer periodo ordinario de sesiones, cuando ella misma anunció el cambio de partido.

Como medio no vamos a cuestionar si es malo o no, eso que lo diga el pueblo, o tal vez sus electores, quienes al fin y al cabo fueron los que con su voto le permitieron que ocupara una curul en el concejo.

Pero lo que sí me atrevo, como director de este medio, es a advertir que la figura del transfuguismo no fue más que una jugada del presidente y de su partido de la U, para intentar dominar el congreso de la República y para aniquilar a los partidos pequeños. No hay duda que uno de los partidos más beneficiados, si así puede llamarse, fue la U, por haber sido el que más congresistas tránsfugas acogió. Más allá de lo que significa ser el partido mayoritario en términos de garantizar un manejo más cómodo de la agenda uribista en el Congreso, esto también evidencia que a la hora de hacer cálculos electorales, pesan más los números que los programas.

Todo lo anterior demuestra una vez más que los intereses electorales y coyunturales de los partidos de la coalición de Gobierno primaron al momento de aprobar la reforma política de 2009. Y lo más grave, explican el poco o nulo interés en promover un marco de sanciones a los partidos que hubieran avalado candidatos vinculados con actores ilegales y en definir sus responsabilidades políticas.

En últimas para el gobierno y sus partidos, lo que importaba era consolidarse en aras de garantizar, entre otras cosas, dominar Senado y Cámara para convertir al congreso en su fiel patrocinador, en sus peones dispuestos a golpear el pupitre cuantas veces el señor Uribe lo requiera…