Inicia investigación contra las CAR por presuntas demoras en expedición de licencias ambientales
La Procuraduría denuncia demoras de hasta 800 días en licencias ambientales y advierte posible riesgo de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas por los serios retrasos en la expedición de licencias y permisos ambientales por parte de las 34 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), tras evidenciar demoras que superan los dos años en trámites clave para el desarrollo de proyectos energéticos en el país.
El informe fue presentado en la segunda Mesa de Alto Nivel del Sector Energético, por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y recoge hallazgos de un proceso de acompañamiento técnico a 76 trámites realizados en 34 CAR.
Entre los resultados más preocupantes se destaca que el 46 % de los casos con demoras corresponden a permisos de aprovechamiento forestal, lo que evidencia serios cuellos de botella institucionales.
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La Procuraduría identificó presuntas irregularidades en 16 corporaciones regionales, donde se documentaron tiempos de resolución de hasta 800 días y demoras en la radicación que oscilan entre 390 y 696 días.
Esta situación, según el órgano de control, no solo refleja ineficiencia administrativa y falta de criterios técnicos homogéneos, sino que también podría configurar escenarios de corrupción.
A pesar de los avances reportados por entidades como CORTOLIMA, CORMACARENA y la CRA del Atlántico que registraron 13, 11 y 10 trámites efectuados, respectivamente el diagnóstico general revela una preocupante falta de datos actualizados, lo que limita la trazabilidad, el control y la toma de decisiones oportunas.
Frente a este panorama, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios propuso una serie de medidas estructurales para mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema. Entre ellas, se destaca la creación de una ventanilla única para el trámite de permisos, la unificación de criterios y plazos mediante regulación, y la conformación de una mesa de trabajo directa con los directores de las CAR.
Además, se analiza la elaboración de un informe con fines disciplinarios contra funcionarios que, presuntamente, habrían incurrido en negligencia o dilaciones injustificadas en la gestión de los trámites.
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“El país no puede seguir frenando su desarrollo por deficiencias institucionales”, advirtió la Procuraduría, que reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema ambiental como eje fundamental de la sostenibilidad y la seguridad energética nacional.
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